Un millón de ciudadanos ha contratado participaciones preferentes en sus bancos y cajas por valor de 30.000 millones de euros. Un producto financiero muy atractivo que ahora les ha hecho perder parte de sus ahorros y no poder disponer del resto. A21 ha hablado con varios afectados de la Sierra Oeste. Se vendió como un producto muy atractivo, ya que ofrecía una rentabilidad  tres o cuatro puntos más alta que los depósitos tradicionales, pero la gran mayoría no conocía de verdad qué estaba contratando. Se calcula que estos pequeños ahorradores  invirtieron cerca de 30.000 millones de euros.

En la actualidad la mayoría ha perdido una parte considerable de sus ahorros y no puede tocar, por el  momento, el resto del dinero que le queda.

¿Qué son las participaciones preferentes?

Las participaciones preferentes son una mezcla entre acciones y renta fija. Este complejo producto financiero tiene varias particularidades. La primera es que no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), por lo que en caso de quiebra del banco (algo que puede ocurrir), se perdería toda la inversión.

La segunda particularidad, muy importante, es que son por tiempo indefinido (perpetuo), es decir, los bancos y las cajas no tienen la obligación de reembolsar el dinero. Se pueden vender, sí, pero siempre que exista un comprador interesado y no al precio al que se compraron inicialmente, sino al precio que diga su cotización en ese momento. Los bancos tampoco tienen obligación del pago de  intereses (cupón), ya que estos dependen de los beneficios de las entidades, si no hay beneficios no existe obligación de pagar intereses.

¿Por qué se vendió este producto a los particulares?

En un momento en el que la financiación externa estaba cara, los grandes directivos de bancos y cajas decidieron financiarse de una forma fácil y sobre todo muy económica, y qué mejor que te ayuden tus propios clientes a pasar el bache y si la gran mayoría cuenta con muy pocos conocimientos financieros, pues mucho mejor. España dispone de  una extensa red de sucursales bancarias que es la envidia de los bancos extranjeros. Aprovechando la confianza casi ciega que los clientes depositaban en los empleados y directores de estas sucursales, decidieron vender a cualquiera que tuviera unos mínimos ahorros y escasos conocimientos las famosas participaciones preferentes.

Mediante esta estrategia consiguieron en poco tiempo reforzar de forma importante su tesorería, aumentar sus recursos propios o incluso, salir a Bolsa en momentos en los que los mercados de capitales internacionales desconfiaban (con bastante razón) de la fiabilidad de nuestros bancos.

La presión por conseguir los objetivos de ventas que sufren muchos empleados en las sucursales hizo que en muchos casos se primase el conseguir los objetivos exigidos al asesoramiento leal y sincero al cliente. En otros  muchos casos la precaria preparación financiera de los empleados en las sucursales hacía que ignoraran qué tipo de producto les estaban vendiendo realmente a sus propios clientes, simplemente seguían las directrices que les marcaba el director de la sucursal.

La Directiva Europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID)  obliga a realizar un test de idoneidad y conocimientos financieros básicos a los posibles inversores, sin embargo buena parte de bancos y cajas se saltaron a la torera esta normativa, rellenando por su cuenta y riesgo estos test.

¿Por qué estalla el escándalo?

Mientras la economía española fue bien los clientes no tuvieron ningún problema para recuperar el dinero y recibir puntualmente los intereses (cupones), existía un mercado secundario y una demanda de otros clientes dentro de las propias entidades que permitía que  quienes quisieran recuperar su dinero pudieran venderlas de forma rápida y sin aparentes problemas, el banco se encargaba de todo.

Todo cambió conforme fue avanzando la crisis, los bancos y cajas comenzaron a tener problemas cada vez más graves para colocar las preferentes. El mercado secundario donde se vendía este producto se paralizó y casi nadie quería recomprar las preferentes que los miles de desesperados clientes intentaban vender.

En este momento existen 52 entidades financieras que han sido denunciadas desde ADICAE y otras asociaciones de afectados.

Los ahorros de toda una vida, atrapados

Acercarse a los afectados por esta gran estafa bancaria es verdaderamente desolador. La inmensa mayoría de afectados cuentan prácticamente la misma historia, fueron engañados por los responsables o empleados de las diferentes sucursales bancarias. Podemos encontrar afectados en cualquier pueblo de nuestra comarca. Pablo y Pedro, pequeños empresarios de Pelayos de la Presa, explican desde la impotencia cómo el director de la sucursal de su caja les vendió las participaciones preferentes “como un producto de ahorro sin ningún riesgo, una especie de plazo fijo, pero con más intereses, nos aseguraron que podríamos sacar nuestro  dinero cuando quisiéramos”. Su sorpresa fue mayúscula cuando a primeros de año fueron llamados a la sucursal para comunicarles que no podían tocar su dinero. “Pensé que estaba soñando, no podía creer que me hubieran engañado de esa manera con todos mis ahorros”.

En San Martín de Valdeiglesias una señora mayor que prefiere mantenerse en el anonimato nos cuenta entre lágrimas que “se han quedado con los ahorros de toda una vida, el director me llamó a casa ya que tenía un plazo fijo que iba a cumplir y me dijo que metiera el dinero ahí, que me iba a rentar mucho más, me fié del director y lo hice, ¿cómo iba yo a imaginar algo así? Le conocía desde hace años y no me entraba en la cabeza que pudiera engañarme de esta manera. Yo no tengo idea de estas cosas, a mí nadie me contó nada de riesgos, a mi edad solamente quería un plazo fijo que me rentara el dinerillo que con mucho sacrificio he conseguido juntar. No hay derecho a que en la vejez me encuentre sin ahorros, ¡no hay derecho, son unos sinvergüenzas y unos desalmados!”.

En Robledo de Chavela encontramos a Antonio, otro pequeño empresario afectado que con un enorme enfado nos cuenta cómo fue al banco a sacar el dinero que necesitaba para su negocio y se encontró con la desagradable sorpresa de que no podía tocarlo. “Me dieron largas durante días hasta que al final tuvieron que contármelo, ante mi problema inmediato la solución que me daban era darme un crédito a un interés muy bueno, doy gracias a Dios porque soy una persona tranquila y reflexiva, pero lo primero que se me ocurrió fue coger al director de la corbata y arrastrarle por toda la oficina. Me ofrecieron canjearlas por acciones, pero me he negado y lo he denunciado, ya veremos en qué queda todo. Pero de algo estoy seguro, si hubiera justicia en este país, que no la hay,  muchos banqueros tendrían que estar en la cárcel”.

Casos como estos y aún más dramáticos los podemos encontrar por toda la geografía española, casi todos conocemos a alguna persona afectada, muchas de ellas lo callan por la vergüenza de haber sido engañadas, pero no debemos olvidar que son casi un millón de personas las estafadas con estos productos.

La reacción de la banca

Inicialmente la reacción de la mayor parte de bancos y cajas fue simplemente ignorar el problema y trasladar de oficinas a muchos directores que habían vendido estos productos y sufrían el acoso e insultos diarios de algunos clientes.  Conforme las quejas y las manifestaciones de los afectados fueron creciendo en intensidad terminaron ofreciendo algunas opciones, todas ellas perjudiciales e igualmente tóxicas para los indefensos clientes.

Las alternativas difieren según la entidad, pero en general ofrecen canjear una parte por acciones ordinarias de los bancos, acciones que cada día que pasa valen menos, véase el ejemplo de Bankia que en menos de un año ha perdido más del 60% de su valor, aunque no es ni mucho menos la única, y otra parte transferirla a otros productos a largo plazo, como obligaciones y deuda  subordinadas, productos que en todo caso impiden tocar el dinero en bastantes años.

Para la realización de este reportaje hemos intentado hablar con diferentes directores de sucursales bancarias en diversos pueblos de nuestra comarca, todos ellos, sin excepción, han declinado realizar ningún tipo de declaración o valoración sobre este tema.

¿Qué dicen la CNMV y el Estado?

En junio de 2010 la Comisión Nacional del Mercado de Valores  (CNMV) ya denunció las cuestionables prácticas de algunas entidades a la hora de comercializar estos productos. Cuando los afectados se han dirigido a este organismo la respuesta que han recibido es textualmente esta: “En la práctica, cuando los reclamantes argumentan desconocimiento del producto por falta de información en el momento de la venta, resulta difícil pronunciarse a su favor porque no suelen existir pruebas documentales que acrediten tal información. Otras veces, pese a la información del reclamante de no haber recibido ningún documento, consta su firma en la propia orden de compra reconociendo la recepción de la información, lo que igualmente impide una resolución favorable al inversor. Estos casos ponen de manifiesto la importancia de ser consciente y asumir las consecuencias de lo que se firma.”

Por su parte el ministro de Economía, Luis De Guindos, reconoció que “la comercialización masiva e indiscriminada de las participaciones preferentes durante todos estos años ha sido improcedente al colocarlas a un perfil de inversor que no era el adecuado, básicamente a pequeños ahorradores”.

La Comisión de Economía del Congreso también ha aprobado recientemente, por unanimidad,  la creación de una subcomisión para vigilar la transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito. El PSOE ha pedido al Gobierno que modifique la reforma financiera para obligar a las entidades financieras españolas a que cambien las participaciones preferentes que comercializaron a consumidores individuales por depósitos canjeables en un plazo máximo de tres años.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado que no han hallado margen para que los afectados por las participaciones preferentes puedan recurrir a la vía penal, pero sí que se podría optar por la vía civil “a través de la legislación de consumo”.